En su última reunión de política monetaria el 28 de septiembre, algunos miembros de la Junta de Gobierno del banco central mexicano externaron su preoupación por el incremento del nivel de deuda pública programado para el próximo año, uno en que la Secretaría de Hacienda planea incrementar el gasto social a niveles sin predecentes e impulsar la construcción. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve su Administración como austera, su último año de gobierno y en el que se llevarán a cabo elecciones, dejará el déficit fiscal en un nivel no visto desde 1989.
De acuerdo con la minuta de la reunión del Banco de México, publicada el jueves, algunos miembros opinaron que “la ampliación del déficit fiscal propuesto para 2024 podría representar presiones inflacionarias adicionales”. Uno miembro señaló cuatro riesgos asociaciados a las financas públicas, empezando con el ajuste fiscal requerido para alcanzar la consolidación fiscal en 2025.
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“La rigidez de la estructura del gasto, la expectativa de menor crecimiento global en 2025 y la reducción del espacio fiscal para incrementar el gasto en infraestructura”, son los otros tres riesgos. Dicho miembro de la junta “arguyó que esto último es clave para aumentar el crecimiento potencial y aprovechar el proceso de relocalización. Por otra parte, opinó que la situación de Pemex constituye una preocupación para la sostenibilidad de las finanzas públicas debido a su dependencia de recursos federales”, dice el reporte. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y Hacienda se comprometió a ayudarle a pagar parte de la deuda que vence el próximo año.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto Económico 2024, presentando el ocho de septi, se prevé un déficit presupuestario de casi 1,7 billones de pesos, equivalente al 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB), un desbalance entre ingresos y egresos no visto desde 1989. Según un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado la semana pasada a partir de su última visita al país. La multilateral también calificó de “innecesariamente procíclico” el incremento en el gasto público y advirtió que dejará en un situación fiscal más frágil a la próxima Administración.
Las presiones presupuestarias derivadas de los menores ingresos se ven agravadas por un aumento específico del gasto corriente (es decir, salarios, pensiones y gasto social) y un mayor gasto anticipado para completar proyectos emblemáticos de inversión”, dijo el FMI. La Cámara de Diputados deberá aprobar la propuesta de presupuesto a más tardar el 15 de noviembre.
Con información | EL PAÍS
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