El gobierno de EU busca una red de naciones que acepten a personas de cualquier lugar del mundo y las pongan en prisiones, campos u otras instalaciones.
Esta primavera, diplomáticos estadounidenses de varias misiones en el extranjero recibieron un cable urgente de Washington. El documento les decía que pidieran a nueve países de África y Asia Central que acogieran a personas expulsadas de Estados Unidos, que no fueran ciudadanos de esas naciones, incluyendo a delincuentes.
Era una muestra de la amplia campaña del presidente Donald Trump para lograr que los países acepten a los deportados de Estados Unidos. Los diplomáticos estadounidenses están buscando el apoyo de países de todos los rincones del planeta, incluyendo algunos afectados por la guerra o conocidos por cometer abusos contra los derechos humanos.
Funcionarios estadounidenses han contactado a los gobiernos de Angola, Mongolia y la asediada Ucrania. Kosovo aceptó recibir hasta 50 personas. Costa Rica retiene a decenas.
El gobierno estadounidense pagó 100 mil dólares a Ruanda para que recibiera a un iraquí y está analizando la posibilidad de enviar más deportados a ese país. Hasta el momento, Perú ha dicho que no, a pesar de que se le ha presionado en repetidas oportunidades.
“Estados Unidos está ansioso por asociarse con países que estén dispuestos a aceptar” personas, decía la comunicación, fechada el 12 de marzo. Entre los posibles destinos mencionaba Túnez, Togo y Turkmenistán.
Y recientemente el gobierno estadounidense planeaba transportar en avión a ciudadanos de países principalmente asiáticos y latinoamericanos a Libia y Sudán del Sur, naciones asoladas por la guerra, hasta que un tribunal de distrito bloqueó esas expulsiones. Libia era uno de los nueve países mencionados en el cable oficial, del que no se había informado anteriormente.
La Corte Suprema dictaminó el lunes que el gobierno de Trump tiene derecho a expulsar personas a países que no fueran el suyo, posiblemente allanando el camino para el vuelo de deportación a Sudán del Sur y otras medidas similares en todo el mundo. “Enciendan los aviones de deportación”, escribió en las redes sociales Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
Expulsados de EU directo a prisiones, campos u otras instalaciones
Durante años, tanto los gobiernos republicanos como los demócratas han pedido a los países que acepten a algunos de sus propios ciudadanos de vuelta. Trump está haciendo lo mismo, pero también está intentando establecer una red de países que acepten a personas de cualquier lugar del mundo y las pongan en prisiones, campos u otras instalaciones. En algunos casos, los gobiernos extranjeros podrían permitir a las personas solicitar asilo o intentar devolverlas a sus países de origen.
El gobierno de Trump ha hablado con al menos 29 países de Europa, América Latina, África y Asia, según una revisión realizada por The New York Times de documentos del gobierno estadounidense, que incluyen cables diplomáticos no revelados anteriormente y entrevistas con funcionarios.
Además, el Departamento de Estado pidió a los diplomáticos en el extranjero que contacten al menos a otros 29 países, la mayoría de ellos en África, para alcanzar un total de al menos 58. Siete han accedido a la petición del gobierno; las demás conversaciones están en curso.
Muchos de los 58 países están sujetos a una nueva prohibición total o parcial de viajar a Estados Unidos impuesta por el gobierno de Trump, o están siendo considerados para ser incluidos en ella. Un cable del Departamento de Estado fechado el 14 de junio daba instrucciones a los diplomáticos para que dijeran a los países en consideración, de los que la mayoría se encuentran en África, que podrían quedar fuera de la lista si aceptaban recibir deportados que no fueran sus ciudadanos.
También se podría pedir a las 36 naciones consideradas que hagan las veces de “tercer país seguro” para aceptar a los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos.
Los esfuerzos por llegar a acuerdos a escala mundial revelan las medidas extremas que Trump está dispuesto a tomar para cumplir sus aspiraciones de hacer deportaciones masivas, aunque eso signifique enviar a los inmigrantes hacia el peligro o la incertidumbre.
Algunos países quieren pagos o favores a cambio. Otros han dicho a los diplomáticos que se sienten incómodos aceptando a migrantes que no tengan ningún vínculo con sus países, o temen que se produzca una reacción interna si aceptan recibir algunos.
En algunos casos, el gobierno de Trump ha estado dispuesto a pagar, como en el caso de El Salvador, país al que le dio alrededor de 5 millones de dólares después de que metiera en una prisión de máxima seguridad a más de 200 inmigrantes venezolanos a los que el gobierno acusaba de ser miembros de bandas.
En años recientes, Venezuela, al igual que otros países, se negó a aceptar vuelos regulares de deportación procedentes de Estados Unidos, por lo que el nuevo gobierno de Trump buscó naciones dispuestas a acoger a los venezolanos expulsados. Luego de ser presionado, el gobierno venezolano accedió a recibir vuelos en marzo, pero el flujo ha sido mínimo.
Entre más lejos de Estados Unidos, mejor
Trump y sus colaboradores han presentado la campaña como un esfuerzo para expulsar a criminales o individuos antiestadounidenses y frenar una “invasión”. Sin embargo, no han presentado pruebas de que la inmensa mayoría de las personas detenidas para su deportación hayan cometido algún delito.
En una reunión de gabinete, el secretario de Estado, Marco Rubio, habló apasionadamente sobre el proceso: “Estamos trabajando con otros países para decirles: ‘Queremos enviar a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países, ¿nos harían ese favor? Y entre más lejos de Estados Unidos, mejor, para que no puedan volver a cruzar la frontera”.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que “varios” países habían acordado aceptar individuos que no son sus ciudadanos, y añadió que no discute los detalles de las conversaciones diplomáticas.
Casi ninguno de los gobiernos extranjeros mencionados en los cables que detallan los intercambios respondió los correos electrónicos en busca de comentarios cuando el Times se puso en contacto con ellos. Sin embargo, unos cuantos emitieron declaraciones: Kosovo confirmó su acuerdo, mientras que Angola dijo que no recibiría a nadie.
Críticos de las deportaciones y abogados afirman que se necesitan audiencias judiciales para determinar si la ley permite la expulsión de cada individuo. También sostienen que el gobierno está ignorando la posibilidad de que se cometan abusos contra los derechos humanos en algunos de los países dispuestos a recibirlos.
Esa parece ser la cuestión. Los funcionarios del gobierno afirman que intentan enviar un mensaje a aquellos que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos: que, si no se marchan voluntariamente, los migrantes podrían terminar viviendo condiciones brutales en una tierra lejana.
Ya se ha informado sobre algunos aspectos de ese esfuerzo diplomático. Pero entrevistas recientes y documentos oficiales obtenidos por el Times, fechados entre enero y junio, revelan nuevos detalles y el vasto alcance de esos esfuerzos.
Otros gobiernos han deportado migrantes a países lejanos, pero solo en contadas ocasiones. En cambio, el gobierno de Trump ha adoptado una amplia política de intentar expulsar a personas a países que no son su patria, una medida que antiguos diplomáticos describen como algo sin precedentes.
“Están logrando aterrorizar a la gente”, dijo Eric Rubin, diplomático retirado que fue embajador estadounidense en Bulgaria durante el gobierno de Obama y el primer mandato de Trump. “La mayoría de las personas de las que estamos hablando no han cometido ningún delito”.
Entre más lejos de Estados Unidos, mejor
Trump y sus colaboradores han presentado la campaña como un esfuerzo para expulsar a criminales o individuos antiestadounidenses y frenar una “invasión”. Sin embargo, no han presentado pruebas de que la inmensa mayoría de las personas detenidas para su deportación hayan cometido algún delito.
En una reunión de gabinete, el secretario de Estado, Marco Rubio, habló apasionadamente sobre el proceso: “Estamos trabajando con otros países para decirles: ‘Queremos enviar a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países, ¿nos harían ese favor? Y entre más lejos de Estados Unidos, mejor, para que no puedan volver a cruzar la frontera”.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que “varios” países habían acordado aceptar individuos que no son sus ciudadanos, y añadió que no discute los detalles de las conversaciones diplomáticas.
Casi ninguno de los gobiernos extranjeros mencionados en los cables que detallan los intercambios respondió los correos electrónicos en busca de comentarios cuando el Times se puso en contacto con ellos. Sin embargo, unos cuantos emitieron declaraciones: Kosovo confirmó su acuerdo, mientras que Angola dijo que no recibiría a nadie.
Críticos de las deportaciones y abogados afirman que se necesitan audiencias judiciales para determinar si la ley permite la expulsión de cada individuo. También sostienen que el gobierno está ignorando la posibilidad de que se cometan abusos contra los derechos humanos en algunos de los países dispuestos a recibirlos.
Esa parece ser la cuestión. Los funcionarios del gobierno afirman que intentan enviar un mensaje a aquellos que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos: que, si no se marchan voluntariamente, los migrantes podrían terminar viviendo condiciones brutales en una tierra lejana.
Ya se ha informado sobre algunos aspectos de ese esfuerzo diplomático. Pero entrevistas recientes y documentos oficiales obtenidos por el Times, fechados entre enero y junio, revelan nuevos detalles y el vasto alcance de esos esfuerzos.
Otros gobiernos han deportado migrantes a países lejanos, pero solo en contadas ocasiones. En cambio, el gobierno de Trump ha adoptado una amplia política de intentar expulsar a personas a países que no son su patria, una medida que antiguos diplomáticos describen como algo sin precedentes.
“Están logrando aterrorizar a la gente”, dijo Eric Rubin, diplomático retirado que fue embajador estadounidense en Bulgaria durante el gobierno de Obama y el primer mandato de Trump. “La mayoría de las personas de las que estamos hablando no han cometido ningún delito”.
Con información de milenio.com
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