Ante la posibilidad de que México se convierta en el primer país sometido a un escrutinio de la Asamblea de Naciones Unidas debido a la crisis “generalizada o sistemática” de desapariciones en el país, organizaciones civiles que representan a familiares de víctimas de estas tragedias han instado al gobierno de Claudia Sheinbaum a colaborar con el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), según declaraciones recientes de su presidente, Oliver Frouville.
Con un registro oficial que supera los 125 mil desaparecidos hasta el 9 de septiembre de 2024, México se posiciona como el país con más Urgencias de Acción ante el CED, con 681 casos de un total de 1,835 tramitados por familiares de víctimas de 30 naciones.
Irak ocupa el segundo lugar, con 608 casos de desapariciones forzadas, que el CED sigue mediante la figura de Acción Urgente, la cual es de cumplimiento obligatorio según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Es importante recordar que en 2016, México presentó su primer informe periódico sobre desapariciones, y en 2021 se convirtió en la primera nación en recibir una visita in situ del CED, de la cual se emitió un informe que ha sido objeto de seguimiento, destacando una situación “generalizada o sistemática” en este ámbito.
En este contexto, el CED se dispone a aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que eleva significativamente el nivel de escrutinio internacional. Esto podría resultar en un análisis de la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea de Naciones Unidas.
Michael Chamberlain, de Consultora Solidaria, recordó que desde 2021 las organizaciones sociales y los colectivos de familiares de desaparecidos habían solicitado al CED la aplicación de dicho artículo. Ahora, ante la advertencia de que “las cosas no mejoran”, el comité tendrá la oportunidad, en su próxima sesión programada para septiembre, de decidir si, basándose en la información que enviará México y los grupos sociales, el caso será llevado a la consideración de la Asamblea General de la ONU.
Si se lleva la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea de la ONU, las organizaciones que han impulsado la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad o una comisión de esclarecimiento buscarán establecer las causas profundas de las desapariciones, generar recomendaciones y proponer medidas con la supervisión, acompañamiento y apoyo de Naciones Unidas. En este proceso, será fundamental considerar la voluntad del gobierno mexicano para avanzar en estas iniciativas.
Michael Chamberlain reconoció que la postura de México ante organismos internacionales ha sido la de negar la existencia de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad. En este contexto, opinó que la «salida inteligente« para el gobierno mexicano sería colaborar con las Naciones Unidas para abordar un problema que, incluso si se asume que no hay agentes del Estado involucrados, sigue siendo una responsabilidad del Estado proteger a su población.
Chamberlain enfatizó que, desde la perspectiva de las organizaciones sociales, México necesita asistencia internacional para enfrentar una crisis que ya lleva más de 15 años y que ha sido suficientemente diagnosticada por organismos internacionales.
“Hemos llegado a un punto en el que las desapariciones no cesan, los cuerpos sin identificar siguen en aumento y la impunidad alcanza niveles alarmantes; se ha convertido en el paradigma del crimen perfecto. La impunidad es lo que permite que esta situación persista. Es urgente poner un alto a esta realidad y empezar a buscar soluciones efectivas para prevenir las desapariciones, con acciones más serias que simplemente intervenir el Rancho Izaguirre. Es necesario desmantelar los grupos criminales, juzgar a los responsables y profundizar en la verdad, algo que no se ha hecho”, denunció Chamberlain.
Información: proceso.com.mx
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