(Alejandro Tamayo/The San Diego Union-Tribune)
La Corte Suprema ordenó al gobierno de Biden que acate el fallo de un juez de Texas para reiniciar los protocolos de protección de migrantes de Trump. Muchos migrantes ya están siendo devueltos a México bajo el Título 42
San Diego —
El abogado Luis González se enteró por primera vez de la orden del Tribunal Supremo de que el gobierno de Biden debe reiniciar el programa Permanecer en México mientras se encontraba en el puerto de entrada de San Ysidro, dando la bienvenida a Estados Unidos a personas que habían formado parte del programa.
Calificó el momento de “agridulce”.
Fue dulce porque sabía que su organización Jewish Family Service había logrado, a través de la cancelación por parte del presidente Joe Biden del programa creado por la administración Trump, ayudar a otros 37 solicitantes de asilo a ser procesados en Estados Unidos antes de que se anunciara la orden de la Corte Suprema. El programa les había obligado a esperar en México sus casos en la corte de inmigración de Estados Unidos.
Y fue amargo porque sabía que había miles más que seguían atrapados fuera de Estados Unidos —incluidos algunos de sus clientes— que ahora podrían tener que esperar mucho más tiempo en condiciones peligrosas.
“Han estado esperando ansiosamente para poder ser procesados, y esto es simplemente devastador para ellos porque ahora están viendo que sus esperanzas de encontrar un lugar seguro de repente desaparecen, y no saben qué va a pasar después”, dijo González.
Todavía no está claro cómo piensa proceder el gobierno de Biden con su prometida reimplantación de “buena fe” del programa tras la decisión del tribunal. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas del Union-Tribune sobre su plan.
González y otros activistas que trabajan en la frontera entre San Diego y Tijuana para apoyar a los solicitantes de asilo esperan que la administración siga luchando para poner fin al programa. Para ellos, una cosa es segura: su regreso provocará que aún más solicitantes de asilo sean víctimas de la violencia en México.
El programa Permanecer en México, conocido oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante o MPP, comenzó en enero de 2019 y llegó a inscribir a más de 70 mil solicitantes de asilo. El programa estuvo plagado de problemas logísticos: problemas de programación, la incapacidad del tribunal de inmigración para contactar a los solicitantes de asilo sobre las audiencias y las luchas de los migrantes para encontrar abogados que pudieran representarlos desde el otro lado de la frontera, por nombrar algunos.
Desde el principio, los activistas también empezaron a escuchar historias de solicitantes de asilo sobre secuestros, asaltos, violaciones, robos y otros ataques violentos que sufrieron después de ser devueltos a las ciudades de la frontera norte de México.
Human Rights First documentó más de 1500 ataques a solicitantes de asilo inscritos en el programa durante sus dos años de existencia. Es probable que sea un recuento inferior al que se ha realizado en función del número de retornados a los que realmente se ha podido llegar.
A través de una encuesta más exhaustiva, la organización ha informado desde entonces de más de 6300 ataques violentos durante el tiempo de Biden en el cargo contra los solicitantes de asilo que están atrapados en México bajo otra política de la era de Trump que la administración de Biden ha mantenido y defendido, conocida como Título 42.
La administración de Trump implementó el Título 42 cuando comenzó la pandemia en marzo de 2020, dando instrucciones a los agentes fronterizos para que expulsaran a los migrantes que cruzaran la frontera sin documentos que les permitieran entrar. Eso significaba que los puertos de entrada ya no tramitaban las solicitudes de asilo, y los que eran sorprendidos cruzando por los agentes de la Patrulla Fronteriza eran devueltos rápidamente a México o a sus países de origen sin tener acceso al sistema de asilo.
Según la ley de Estados Unidos, los inmigrantes que afirman tener miedo a volver a su país deben ser examinados por el sistema de asilo para determinar si pueden ser refugiados.
El gobierno de Biden ha ampliado el Título 42 para incluir vuelos laterales de Texas a San Diego con el fin de expulsar más fácilmente a las familias centroamericanas, así como vuelos al sur de México, donde, según se informa, los funcionarios mexicanos obligan rápidamente a los solicitantes de asilo a cruzar la frontera con Guatemala sin ninguna posibilidad de solicitar protección.
Queda por ver cómo el gobierno de Biden podría utilizar el programa “Permanecer en México” junto con el Título 42.
“Ya es peor de lo que podría haber imaginado, así que supongo que va a seguir empeorando mientras más personas envíen aquí», dijo Erika Pinheiro, directora de litigios y políticas de Al Otro Lado, una organización sin fines de lucro de servicios legales con sede en Tijuana que apoya a los solicitantes de asilo.
Bajo el ex presidente Donald Trump, las tres nacionalidades que habían sido los grupos más grandes devueltos bajo Remain in Mexico en su primer año —hondureños, guatemaltecos y salvadoreños— fueron en su mayoría expulsados bajo el Título 42. Otras nacionalidades latinoamericanas, en particular los cubanos, se convirtieron en los grupos más numerosos colocados en el programa Permanecer en México.
A Pinheiro le preocupa que las dos políticas puedan crear una situación en la que ciertas nacionalidades tengan acceso a iniciar el proceso de asilo mientras que otras no. Ninguno de los dos programas, dijo, podría implementarse de manera segura.
“Esto no es un juego político”, dijo Pinheiro. “Esta es una situación de vida o muerte”.
Fuente: Los Angeles Times
