La población carcelaria creció un 91 por ciento en los primeros meses de la actual administración federal, pasando de nueve mil 632 internos tanto en prisiones estatales como federales al finalizar la gestión anterior, a 20 mil 212 hasta abril.
Según información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), que forma parte de la Secretaría de Seguridad del gobierno federal, hay problemas de sobrepoblación en 133 de los 275 centros de reclusión del país. Al término del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, únicamente había 121 prisiones con problemas de sobrecupo.
Sofía González Talamantes, experta en derechos humanos y análisis de penitenciaría, señala que el aumento en el número de internos en las cárceles de México está estrechamente relacionado con la nueva estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, que ha llevado a miles de arrestos significativos en este primer semestre.
“Sin duda, podemos interpretar este incremento como consecuencia directa del cambio en la política de seguridad, pues lo que observamos es una estrategia de castigo y detención”, mencionó la subdirectora de la organización Documenta.
Durante los primeros siete meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, ocho mil 987 personas fueron detenidas y enviadas a cárceles federales y locales en todo el país por la supuesta comisión de un delito.
Entre octubre de 2024 y abril de 2025, la cantidad de personas encarceladas ha sido considerablemente más alta en comparación con el mismo periodo en anteriores administraciones. En concreto, más del doble de personas han sido privadas de libertad en comparación con los primeros siete meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y cerca de dos mil más que en los primeros siete meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, según el OADPRS.
Este incremento en las detenciones “no se basa en procesos judiciales sólidos, así como en la investigación y en todo lo que debería incluir el procedimiento legal antes de que una persona sea encarcelada”, aclara González Talamantes.
Estas políticas tienden a favorecer la prisión preventiva y las detenciones como una reacción inmediata, pero no están fortaleciendo los mecanismos de justicia, el respeto al debido proceso, ni la reintegración social. Sofía González Talamantes.
Datos de la OADPRS, presentados en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de abril, indican que solo el 6. 8 por ciento de los internos encarcelados por delitos federales tienen una condena; en el caso de los delitos comunes, únicamente el 55 por ciento de los reclusos ha sido condenado.
“Estas políticas tienden a favorecer la detención preventiva y las detenciones como una reacción inmediata, pero no refuerzan los mecanismos de justicia, ni el debido proceso, ni la reintegración social”, indica González Talamantes.
“Creemos que en esencia esto no aborda las raíces estructurales de la inseguridad, sino que lo que esta estrategia punitiva realmente hace es encarcelar a un mayor número de personas que aún no han sido juzgadas, lo que resulta en una sobrepoblación en las prisiones”, añade la experta.
A finales de 2024, el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset) vivió un violento amotinamiento dentro de la prisión, que dio como resultado la muerte de siete internos. Un mes antes, un auto abandonado apareció en la entrada principal de este penal, conteniendo un cadáver y una lona que exigía la renuncia del director, quien dejó su cargo poco después. El Creset es uno de los 133 centros penitenciarios que actualmente enfrentan problemas de hacinamiento en el país.
Dado que las condiciones en las cárceles ya violan derechos humanos, en situaciones de hacinamiento el acceso a la salud y a medicamentos o médicos es inexistente, y con prisiones sobrepobladas, esta problemática se agrava aún más.
Entre octubre y abril, los primeros siete meses de esta administración, se han documentado mil 483 incidentes dentro de las cárceles, que incluyen motines, riñas, intentos de fuga, huelgas de hambre, muertes y hasta homicidios. Según la CNDH, estos eventos podrían estar relacionados con la sobrepoblación.
El Estado de México lidera la lista de penales con mayor hacinamiento, con 22 mil 48 internos más de lo que su infraestructura permite, registrando hasta abril de 2025. En esta entidad se encuentran 21 prisiones, de las cuales 20 son estatales.
A continuación se encuentran Sonora, Durango, Chiapas, Nayarit y Morelos, que también presentan altos niveles de hacinamiento, aunque en total, 18 estados en el país tienen problemas de sobrepoblación en sus cárceles, representando más de la mitad del territorio nacional.
De acuerdo con Sofía González Talamantes, las condiciones en las prisiones mexicanas suelen violar los derechos humanos, y esta situación, junto con posibles actos violentos, se intensifica bajo condiciones de hacinamiento.
“Dado que las condiciones en los centros penitenciarios ya son problemáticas en cuanto a derechos humanos, en un estado de hacinamiento no existe acceso a la salud, medicamentos o médicos, lo que hace que esta situación en cárceles llenas se vuelva mucho más crítica”, aclara.
Con información de oem.com.mx
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