Natalia ‘L’ poseía cartuchos, armas de fuego y cargadores de uso exclusivo del Ejército
La Fiscalía General de la República (FGR) ha conseguido una sentencia de 10 años, 10 meses y 10 días de prisión contra Natalia “L”. Esta mujer fue hallada culpable de múltiples delitos, entre los que se incluyen la portación de un arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como la tenencia de clorhidrato de metanfetamina.
Natalia fue detenida en marzo de 2023 en Tijuana, Baja California, según un comunicado emitido por la FGR. La captura la llevaron a cabo agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, quienes encontraron en su poder un arma de fuego, cargadores y cartuchos de diversos calibres, además de una cantidad considerable de clorhidrato de metanfetamina.
Este compuesto es un potente estimulante del Sistema Nervioso Central con un elevado potencial adictivo. De acuerdo con la Ley General de Salud, las metanfetaminas son sustancias psicotrópicas con un cierto valor terapéutico, aunque su uso representa un grave problema para la salud pública.
El caso de Natalia “L” fue presentado ante el Ministerio Público Federal (MPF), que aportó las pruebas necesarias para respaldar la acusación. Tras examinar los elementos presentados, el juez emitió la sentencia condenatoria, que Natalia “L” deberá cumplir en prisión.
La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo cuya misión principal es la investigación de delitos y el esclarecimiento de hechos delictivos. Según detalla la institución, su objetivo es garantizar una procuración de justicia eficaz y ajustada a derecho, contribuyendo a reducir la inseguridad y fortalecer el Estado de derecho en México. Además, busca que los responsables de actos ilícitos no queden impunes y que se respeten los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.
Entre las funciones de la FGR se destacan la prevención del delito, la promoción de la reparación integral del daño y la garantía de no repetición de los hechos delictivos.
Para alcanzar estas metas, la institución se guía por principios como la autonomía, la legalidad, la objetividad, la eficiencia y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, integra perspectivas de género, interculturalidad y accesibilidad en sus procesos para garantizar una justicia inclusiva y equitativa.
Con información de infobae.com
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