En un lado, la fiesta y la salud: el mezcal, el aguacate con el que festejan masivas y pequeñas reuniones o los frutos rojos que utilizan como antienvejecimiento en Estados Unidos; del otro, poblados sedientos por robo de agua; montes y cerros con monocultivos desertificando la tierra. Y la extorsión.
En el trasfondo, organizaciones criminales y empresarios avariciosos que encontraron en la impunidad y la falta de Estado de Derecho un lucro sin límites en la comercialización sin gravámenes con el principal consumidor del planeta, coinciden activistas sociales, analistas, agricultores y afectados.
Las millonarias cifras de las exportaciones agrícolas de México gracias al Tratado Estados Unidos México- Canadá (T-MEC) son tan impactantes que dejan mudo a cualquier opositor a la libertad comercial y solamente comparables con su lado oscuro en dos rubros: el daño al medio ambiente y la violencia en el país.
Al cierre de 2023, las exportaciones agroalimentarias de México rompieron un nuevo récord. Cifras de la la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detallan que ese año sumaron 51.8 millones de dólares, un aumento del 3.9% en comparación con 2022.
Pero mientras los resultados se miden en dólares, los costos se miden en sufrimiento y en lo inverosímil de la repartición del pastel y la respuesta a la avaricia y la concentración de capitales.
Un gobierno estatal (Michoacán) que se demanda a sí mismo para que se investiguen las extorsiones; empresarios tequileros (Jalisco) que encontraron en la trasquilación de cerros de Oaxaca una manera de camuflar el mezcal por tequila; hombres armados que perforan ductos de agua que darían de beber a poblaciones para las siembras de exportación.
“El problema es la ambición”, advirtió José Ramírez, un agricultor de agave del istmo oaxaqueño que denunció a la prensa local sobre cómo se han talado cientos de hectáreas para cumplir la demanda del mezcal que está de moda en las principales ciudades mexicanas y de Estados Unidos. “No hay amor por la Tierra, por volverla a nutrir, si no vender, vender a cualquier costo”.
La Ley de Aguas Nacionales señala que para solicitar un título de concesión en el país hacen falta documentos que acrediten la propiedad del inmueble en el que se localizará la extracción de agua. Pero esto es muy fácil de evadir, según se documenta en el día a día.
Denuncias sobre la escasez de agua en el estado de Jalisco divulgadas por la Universidad de Guadalajara con base en los expedientes de las concesiones de agua encontraron que los empresarios arrendan a agricultores pobres y ahí construyen pozos.
Exigen a los campesinos firmar contratos de arrendamiento por una década con un pago de alrededor de $800 dólares al año por hectárea, un monto que representa menos de la mitad del salario mínimo anual vigente en este año, que es superior a los unos $1,500 dólares.
La agricultura de exportación está acaparada por empresas grandes con conocimientos para cumplir con todos los requisitos sanitarios y de calidad.
Encontraron el camino y se volvieron imparables, según las cifras hacia EE.UU., un socio ausente en el despelote del otro lado del río, aunque las denuncias sean públicas casi a diario como la sobreexplotación de presas y pozos en Sierra de Quila.
En consuetudinarias marchas, los afectados hacen visible en la ciudad de Guadalajara que siete empresas de berries, fresa y aguacate están dejando a esta y otras comunidades sin agua de uso doméstico y potable.
Los agricultores entrevistados dijeron que, al revisar los documentos se percataron que, en algunos casos, las concesiones están vencidas o son falsas.
“Perseguinos falsificación de firmas y documentos y las autoridades como Conagua (la estatal Comisión Nacional del Agua) se quedan de brazos cruzados”, aseveró Ofelia Quintero, habitante de Sierra de Quila Jalisco.
De alguna manera, los gobiernos estatales en México han sido juez y parte del descontrol con discursos e incentivos económicos, pero sin la vigilancia adecuada.
Los proyectos para la siembra de frutos rojos en Jalisco, por ejemplo, comenzaron a desarrollarse en 2007 con diversos estímulos económicos; una década después, el número de hectáreas sembradas con fresa, arándano, frambuesa y zarzamora se triplicó de poco más de dos mil a 6.5 mil hectáreas.
La “Fiebre del mezcal” que se desató en la ultima década promovida por discursos comerciales (y hasta oficiales) ligados a la espiritualidad armó a los agricultores locales con una espada de doble filo: por un lado, la bonanza económica; por otra, el arranque de un desastre económico.
De acuerdo con el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, el 75% de la exportación de esta bebida sale de esa entidad. Y, en la última década, el número de marcas exportadoras creció un 400%, según la Secretaría de Economía que hoy registra más de 700 marcas.
Esta euforia se ha centrado en los bosques y selvas húmedas del estado conocido como “la región del mezcal”, que abarca Sierra Sur, Valles Centrales, Cañada y Mixteca.
En la zona, campesinos vieron una oportunidad de negocio y cambiaron los cultivos de maíz, frijol por maguey y aunque siguen rotando los cultivos para nutrir la tierra, no es suficiente: hay destrucción de ecosistemas.
La agencia Interpress Service documentó cómo un campesino de la región de 63 años que se había dedicado a la agricultura desde los 15 vio mejorar sus condiciones en poco tiempo con la siembra de maguey espadín (Agave vivipara).
“Nunca habíamos ganado lo que ahora en la agricultura”, reconoció sin dar mucho crédito a las denuncias sobre el tema ecológico. “Hasta los tequileros vienen a surtirse con el agave de aquí (aunque el tequila debería ser sembrado solo en Jalisco y estados de alrededor por denominación de origen)”.
El botín de la agricultura en la bonanza del T-MEC no ha pasado desapercibido para nadie. Mucho menos para el crimen organizado.
EE.UU. suspendió por unos días el año pasado la importación de aguacate, aunque se avecinaba el Súper Bowl, escandalizado por amenazas a uno de sus supervisores del producto, pero no pasó a más: poco después reanudó la importación y los delincuentes siguieron extorsionando.
En los últimos meses el gobierno michoacano, sorprendió con una denuncia en nombre de campesinos ante la fiscalía estatal (cuyo titular nombra el mismo gobernador) para que investigue el delito contra los agricultores, pero siguen las denuncias. Y la tala de bosques. Y el robo de agua.
Con información | La Opinión
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