Programas sociales para mexicanos, botín para el crimen organizado

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foto: PEDRO PARDO

Criminales en todo el país escalaron a un nivel inimaginable en la extorsión: a los programas sociales de ayuda a damnificados. Previamente lo había hecho contra campesinos que recibían subsidios para sus siembras y también había sacado las uñas para quitar a los viejitos parte de su pensión o la totalidad sin dejar a un lado su mirilla contra los jóvenes.

En Acapulco, más de 250,000 familias recibieron apoyos del gobierno federal tras el paso del huracán Otis que impactó el puerto el pasado 24 de octubre del 2023. Para documentarlo, colocó calcomanías en las casas de quienes ya la habían recibido y así las puso en la mira.

“Están yendo casa por casa porque tienen el letrero y piden una parte de la ayuda a cambio de no matarte”, denunció Marta Ovalle, una ama de casa que pidió cambiar su nombre por uno ficticio debido a la situación de inseguridad que viven en el puerto. “Me enteré por una vecina y quité el letrero, pero muchos siguen en peligro.

Desde que golpeó el huracán Otis a Acapulco, el gobierno federal ha invertido 20,000 millones de pesos (alrededor de 1,200 millones de dólares) y se tiene comprometido una cantidad similar para la concluir la reconstrucción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calculó que la rehabilitación de viviendas concluirá en marzo, pero no tomó en cuenta las operaciones de las organizaciones criminales que vieron en la desgracia un botín.

El estado de Guerrero es una de las entidades donde más ha crecido la extorsión en México con el 80% a la alza en los últimos siete años, pero no es el único. En todo el país, las organizaciones criminales han realizado todo tipo de experimentos para exprimir a la ciudadanía a base de intimidaciones.

Extorsión por gremios: de los taxistas a los médicos, profesores de escuela, agricultores; a los ayuntamientos, una parte del dinero para la obra pública o de la nómina; a comercios según su actividad: tortilleros, polleros, ganaderos, comerciantes, mineros; a los pobladores, de acuerdo con el número de vehículos que posea o del número de hijos que vayan a la universidad…

En noviembre pasado destacó el caso de una taquería cuyo dueño fue asesinado en Acapulco poco después de reabrir su negocio tras el paso de Otis.

De acuerdo con información de la prensa local, los ataques contra el pequeño empresario fueron múltiples porque se negó a dar el dinero que requerían los agresores hasta que lo asesinaron. En la víspera de Navidad, su esposa colocó una lona en la fachada del negocio para anunciar el cierre tras 20 años de funcionamiento y anunció su huida.

“Adiós Acapulco, gracias gobernadora Evelyn Salgado Pineda; fiscal Sandra Valdovinos; presidenta municipal Abelina López por tanta corrupción e inseguridad, por ignorar mis súplicas, pedí ayuda a todas las corporaciones del gobierno, nadie me ayudó, nadie escuchó. La única respuesta que recibí de la fiscal fue ‘que me vaya porque también me iban a matar y que su responsabilidad no era cuidar a los ciudadanos’”.

EL SALTO 

Algunas de las primeras advertencias de que el crimen organizado tenía en la mira a los programas del gobierno fue en 2014. Organizaciones sociales denunciaron ante la Secretaría de Gobernación actos de extorsión de grupos delincuenciales en estados como Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero… ¡Contra productores agrícolas receptores de ayuda para sus siembras!

“Yo no sé de qué manera se informan cuando los productores o campesinos van a recibir algún dinero o recurso de un programa”, advirtió ante la prensa Guadalupe Martínez, secretaria general del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos. “Pero el mismo día llegan a extorsionar”.

Seis años después, en 2020, María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar, declaró que en al menos 280 puntos del territorio nacional se habían detectado intentos de extorsión a la gente con la promesa de su incorporación a distintos programas sociales.

En tiempos más recientes, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que en 2023 se atendieron casi 13,000 quejas de personas adultas mayores que pidieron ayuda por extorsión o fraude. Esto es, en promedio, 47 personas adultas mayores que diariamente buscaron apoyo jurídico o emocional 

Los datos del organismo, que cuenta con una línea especializada de atención para personas de la tercera edad, detallaron que el 58% de los reportes fueron de mujeres, un 40% son de personas mayores de 70 años, el 92% es vía telefónica, 4% por chat y el 82% de la Ciudad de México.

Después de la capital del país, el Estado de México es el lugar con más llamadas, y el resto de los casos se concentran en estados del centro del país, de occidente a poniente: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

El Programa de la Pensión del Bienestar para las Personas Adultas Mayores es uno de los cuatro más importantes para la presente administración y tiene una de las más altas subvenciones. 

Para el 2024, el monto bimestral será de 6,000 pesos para cada beneficiario, lo que representa una constante tentación para los delincuentes.

Otro programa que acumula más denuncias por extorsión, pero desde la estructura interior, es el de Jóvenes Construyendo el Futuro en el cual el Estado da dinero a las empresas para que capaciten a muchachos que no estudian ni trabajan.

En días recientes, tres municipios de la Sierra Norte de Puebla fueron blancos de acusaciones por presuntas complicidades entre los empresarios y las autoridades para solicitar a los beneficiados del programa una parte del dinero a cambio de no darlos de baja como empleados y, por lo cual, perderían los beneficios. 

Los jóvenes acusaron a la coordinadora estatal del programa de conocer estas irregularidades pero no tomar acciones al respecto.

En todos los estados, defensores de los derechos humanos, coinciden que en el caso de las extorsiones a los programas sociales no sería posible sin tener la información de los beneficiados que solo tiene la autoridad: “Nosotros decimos con toda certeza que sí es crimen organizado porque alguien de la autoridad forma parte”, dijo Tauro Castrejón, abogado en Acapulco.

Con información | La Opinión

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