Quema de coches doblega a mexicanos frente a la delincuencia

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foto: Fran Santiago | Getty Images

Políticos y analistas de seguridad no logran un acuerdo sobre cómo llamar a los delincuentes que queman vehículos para lograr una extorsión. Terroristas, empujan a algunos; “No persiguen ideales políticos”, responden otros. “Narcoterroristas”, sugieren en un lenguaje simplón; “No tiene que ver con drogas”, precisan los más.

La importancia de la definición ha cobrado fuerza porque el delito se ha convertido en una de las armas más efectivas de la delincuencia organizada para dos fines: evitar la captura de sus líderes y lograr que los dueños de negocios de todo el país les den una cuota de dinero para dejarlos trabajar y no dañar su patrimonio.

A mediados de este mes en Uruapan, una de las zonas más prósperas por el cultivo y exportación de aguacate, un grupo de hombres armados quemó 20 vehículos de un negocio de venta de autos porque los dueños se negaban a pagar un millón de pesos (alrededor de 600 mil dólares) de cuota ilegal. 

“Si no pagas te parte tu parten tu madre y el gobierno, bien, gracias”, criticó el dueño del negocio atacado y se lanzó contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su política de “abrazos, no balazos”, aunque técnicamente el delito de extorsión es parte de la lista del fuero común y debería ser investigado por las autoridades locales.

El gobierno federal y el local se culpan mutuamente y, ante la falta de atención a este delito, quienes se niegan a pagar el “derecho de piso” reciben un castigo ejemplar para generar miedo entre la población y los demás paguen.

Particularmente la quema de automóviles ha resultado muy efectiva, de acuerdo con la frecuencia de los hechos que se reportan cada vez más frecuentes. 

Aunque no existe una cifra oficial sobre el número de vehículos que han ardido en una pira de amedrentamiento, algunos ejercicios periodísticos como el que realizó en agosto pasado la Organización Editorial Mexicana, dan cuenta del tamaño del problema.

Con información registrada en los periódicos que posee en los 32 estados del país determinó que en solo un mes y medio hubo en total 106 vehículos incendiados por grupos criminales principalmente.

Los actos ocurrieron en 13 estados del país: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, entre julio y hasta el 11 de agosto.

“El problema con la extorsión es la impunidad en casi el 100% de los casos”, reconoce Francisco Rivas, director  del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

El ONC realizó un análisis sobre el tema en el estudio La extorsión bajo el Calidoscopio y concluyó que las causas del delito, que rondan al año las 4.9 millones de víctimas (según INEGI), es multifactorial.

“Se debe a la ausencia de estrategias diferenciadas para cada manifestación del delito; la falta de compromiso de muchas autoridades; malos procesos para captar las denuncias; una muy pobre respuesta institucional; ausencia de recursos y un nulo interés por darle acceso a la justicia a las víctimas”.

En pocas palabras: la delincuencia encontró en la debilidad institucional un negocio.

En el mundo de la extorsión en México la antesala al asesinato es, generalmente, la intimidación a través del daño al patrimonio porque, de acuerdo con información de la banca, las dos principales metas de los mexicanos son tener una casa y un coche. 

Durante el otoño del año pasado, comerciantes de pollo del Valle de Toluca denunciaron que presuntos integrantes de la Familia Michoacana les quemaron autos y bodegas, además de disparar a los inmuebles incluso antes de pedir las “cuotas millonarias”: así van a cobrar a lo seguro, cuando la víctima ya está “muerta de miedo”.

Un video del 5 de septiembre las cámaras de seguridad de un negocio documentaron que los extorsionadores llegaron al lugar donde empleados preparaban el pollo para su venta, accionaron sus armas contra el inmueble, arrojaron bombas molotov y prendieron fuego a los vehículos de los comerciantes.

Actualmente no existe un marco legal fuerte para castigarlos. El ONC sugiere reformar el marco normativo e impulsar una ley general contra la extorsión que identifique la realidad actual.  

Propone dotar de suficientes recursos y capacitación a las fiscalías y secretarías de seguridad para que puedan atender a las víctimas y “robustecer” el sistema financiero para evitar que los delincuentes reciban el dinero.

Después del zafarrancho que montó en Culiacán la gente de Ovidio Guzmán “El Ratón”, en 2020, para evitar su captura, la Universidad de Guadalajara hizo un análisis sobre el modus operandi de las organizaciones criminales para desestabilizar las ciudades y descubrió que esa misma estrategia se usaba en Jalisco desde 2011 por otra organización.

Aquel año la carretera que une a la ciudad de Guadalajara con Chapala fue cerrada a la circulación por individuos armados ligados al grupo “La Resistencia”. 

Los conductores de un tráiler doble semirremolque y de tres autos fueron despojados de éstos y después las unidades fueron incendiadas hasta consumirse por completo. Ese día se detonaron tres granadas: una en el sitio donde ocurrió el bloqueo, otra en la casa del ex director de la Policía de Chapala y una más en una base de la Policía. 

Un mes después, hubo otros cinco bloqueos con quemazón de vehículos y la detonación de una granada de fragmentación en un módulo de Policía en Tonalá. Los hechos se ligaron a la extradición de Óscar “El Lobo” Valencia, vinculado con el extinto cártel del Milenio.

La fórmula se ha replicado en otros estados cada vez que se intenta capturar a un capo o enviar un mensaje contra autoridades o grupos rivales. El último caso ocurrió en Macuspana, el municipio natal de López Obrador, en contra de dos policías, el 24 de enero de 2024.

Con información | La Opinión

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